Debate presupuestario 2008


(Columna revista Capital, 27 de julio de 2007)

Por: Patricio Arrau P.



Con la convocatoria de parte del Ministerio de Hacienda a los comités de expertos que determinarán el crecimiento del PIB de tendencia y el precio de largo plazo del cobre se da inicio al debate presupuestario del año 2008. Terminado el mes de julio estos comités deberán entregar sus resultados. Con estos guarismos el impulso fiscal agregado del año 2008 queda bastante determinado. Al igual que el año pasado, el Ministro de Hacienda se anticipó y predijo que el crecimiento del gasto fiscal no llegará a dos dígitos. Al igual que el año pasado el comité del precio del cobre es el que “la lleva”, puesto que de sus resultados depende críticamente el impulso fiscal del próximo año. A diferencia del año 2007, sin embargo, el impulso fiscal se determina para el año 2008 con un superávit estructural de 0,5% del PIB. Desde el 1ro de agosto el ministerio de Hacienda se debe abocar a preparar la propuesta presupuestaria que enviará al Congreso antes que termine septiembre. Octubre y noviembre son los meses del debate público en el Congreso puesto que el presupuesto 2008 debe quedar listo al terminar noviembre. De no haber acuerdo en el Congreso nuestra Constitución determina que se aprueba la propuesta enviada por el ejecutivo. Nunca se ha aplicado esta brutal cláusula presidencialista puesto que la prudencia ha recomendado siempre al Ejecutivo que es conveniente negociar y llegar a acuerdos.

Con la madurez de la economía chilena y en parte también con la consolidación de la metodología de las cuentas fiscales estructurales, el impulso fiscal agregado o macroeconómico ha ido perdiendo relevancia y crecientemente adquiere importancia el debate presupuestario microeconómico. En otras palabras, un impulso fiscal cercano a 10% anual por segundo año consecutivo puede ser un problema o puede ser bien recibido por el mercado, dependiendo de cuáles son los componentes de ese impulso fiscal. Se hace cada vez más difícil aceptar incrementos de gasto fiscal asistencialista, donde los programas de ejecución no estén bien definidos y no se asegure que los recursos llegarán a los beneficiarios finales. Son demasiados los casos del último tiempo en los cuales estos recursos se quedan enredados en intermediadores o son desviados para engrosar la cuenta de la corrupción. Falla brutal del Estado que es crecientemente necesario enfrentar. Por ello un gasto fiscal dirigido a modernizar el estado, pagando indemnizaciones para desvincular personal público de dudosa productividad, es crecientemente bien visto. Así lo propuso por ejemplo la llamada propuesta de los 20. Descentralizar los programas del Estado y empoderar a la gente con subsidios directos que toman en cuenta su decisión controla la corrupción y también permite incentivar el esfuerzo individual para derrotar la vulnerabilidad social. El asistencialismo puro, sin la contraparte del esfuerzo individual, presiona crecientemente la carga tributaria y amenaza con estancar el crecimiento.

Este año un nuevo componente del debate fiscal parece tomar forma: el de los ingresos fiscales. Las cuentas estructurales han sido interpretadas hasta ahora como una manera de determinar el gasto fiscal, pero en realidad la contabilidad estructural determina el superávit o déficit fiscal, que llamamos impulso fiscal. Por ello, el impulso fiscal agregado que sale de los comités de expertos puede también interpretarse como el nivel de ingresos tributarios que es consistente con un nivel de gasto fiscal dado, que a su vez es también consistente con el superávit estructural del 0,5%. Así un impulso fiscal rondando por segundo año consecutivo el 10% de crecimiento puede ser conveniente cerrarlo con una rebaja de impuestos que distorsionan mercados o perturban la inversión, el crecimiento y el empleo. Una demanda agregada impulsada en exceso por transferencias directas de tipo asistencialista tiene efectos económicos distintos que una demanda agregada impulsada por eliminación de distorsiones tributarias. En este último caso hay un efecto directo en la oferta y en la productividad de la economía, por lo que la expansión de la demanda agregada es parcialmente acomodada por una mayor producción de bienes y servicios. Para el mercado no es lo mismo poner los recursos de vuelta en las manos de los contribuyentes que gastarlos en programas de ineficiente ejecución. El mismo 10% de expansión del impulso fiscal, en un caso aplaudido pues ayuda a las decisiones de inversión, en el otro caso recibido con duda y escepticismo en tanto están cada vez más claras las falencias estructurales del Estado.



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