Empresas Públicas e Inspección del Trabajo


(Columna diario La Tercera, 21 de diciembre de 2007)

Por: Patricio Arrau P.



Sorpresa ha causado en muchos la decisión de Codelco, apoyada por su directorio donde se encuentran dos ministros de Estado, de recurrir de protección a los tribunales de justicia ante la instrucción de la Inspección del Trabajo que obligaba a la estatal a contratar a cerca de 5.000 trabajadores que prestan servicios a la empresa como trabajadores de empresas contratistas. La Inspección del Trabajo, que depende del ministerio respectivo, tomó la medida luego de realizar una investigación para verificar si la empresa estatal se encontraba en cumplimiento de la nueva Ley de Subcontratación. Para los sorprendidos, la aparente contradicción entre dos estamentos del Estado representa al menos un desorden de conducción del Poder Ejecutivo. La decisión de Codelco no sólo es obvia y era la única alternativa posible que tenía el directorio, sino que no es la primera medida de este tipo tomada por empresas públicas en contra de instrucciones de la Inspección del Trabajo.

La fortaleza institucional que Chile viene construyendo en democracia es uno de sus principales activos, lo que ha sido reconocidos internacionalmente. Ello incluye la autonomía de nuestras empresas públicas para llevar a cabo su labor. Las empresas públicas no son servicios públicos, tienen un mandato claro y deben responder de ese mandato a todos los chilenos. En el caso de Codelco, debe ser una empresa eficiente y producir a los menores costos posibles de acuerdo a las condiciones de mercado, de modo de transferir el máximo de recursos al Fisco para el financiamiento de los programas de gobierno, donde el gasto social se encuentra entre los más relevantes en el Presupuesto Nacional. El principal desafío de Codelco en este momento es cumplir con esas expectativas. Con su actual sobredotación a un promedio de 1,5 millones de pesos de sueldo no es una empresa competitiva y corre el serio riesgo de perder valor aceleradamente en los próximos años. En ese contexto, 5.000 trabajadores más definitivamente pueden ponerle la lápida. La disputa de competencias que se desató entre estos dos estamentos del Estado debe ser resuelta por los tribunales, pues es evidente que la Inspección del Trabajo está interpretando erróneamente su rol en la nueva ley de subcontratación.

No es primera vez que el Inspección del Trabajo instruye a empresas del estado respecto a diversos temas y que estas recurren de protección a los tribunales. En particular, las últimas empresas públicas creadas el año 1998, las empresas portuarias, han debido enfrentar situaciones de este tipo en varias ocasiones. En particular, Empresa Portuaria de San Antonio, empresa que presido, ha presentado en dos ocasiones este año recursos de protección en contra de instrucciones y multas de la Inspección del Trabajo. En las dos ocasiones las sentencias de primera instancia en favor del puerto fueron confirmadas por la Corte Suprema. En una ocasión se trató de multas por supuesta simulación de trabajo a propósito de la nueva ley de subcontratación. En la otra, se trató de una supuesta infracción a la ley laboral al decidir el directorio que no seguiría entregando el reajuste del sector público y conceder sólo el IPC en diciembre de 2006, puesto que los trabajadores debían negociar colectivamente si querían reajuste real por encima del IPC, algo que nunca había ocurrido en la empresa. La medida del directorio del Puerto de San Antonio llevó a que hoy todos los trabajadores se encuentren en un nuevo contrato colectivo al concluir exitosamente una negociación colectiva recientemente. Las instituciones funcionan cuando son respectadas. En el caso de los directorios de empresas públicas, especialmente en aquellas sometidas a la ley de sociedades anónimas como es el caso de los puertos, los directores debemos responder con nuestro propio patrimonio si tomamos decisiones que lesionen el patrimonio de las empresas que dirigimos.

Parte de la confusión respecto a al caso de Codelco versus la Inspección del Trabajo tiene que ver con la presencia de los ministros en el directorio. Es evidente entonces que se requiere un nuevo gobierno corporativo. Ese gobierno corporativo debiera ser simplemente el de las sociedades anónimas. No tiene sentido seguir inventando casos diferentes de gobiernos corporativos cuando es el de sociedades anónimas el que debe primar. Pero el tema más urgente es otro y debe estar en la agenda como prioridad para el próximo gobierno. De una vez es necesario abordar el tema laboral en la empresa y sentarse a negociar el costo que tiene una disminución significativa de la sobredotación actual de la empresa. Todos los temas de Codelco llevan al mismo punto. Enfrentemos esa la realidad antes que sea demasiado tarde.



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