El año de permanencia del capital


(columna La Hora, 3-11-99)

Por: Patricio Arrau P.



La obligatoriedad del capital extranjero de permanecer por un año en el país debe eliminarse a la brevedad. No se entiende la oposición del Ministro de Hacienda saliente a esta medida cuando ha sido propuesta por los equipos entrantes de ambos candidatos.

Medios de prensa han dado a conocer el supuesto interés del Banco Central de Chile de remover una de las restricciones cambiarias más paradigmáticas de lo que ha sido la política de control de capitales del Banco Central y Hacienda en la última década. Incluyo el Ministerio de Hacienda en la definición de la política de control de capitales, puesto que la Ley Orgánica del Banco Central de Chile le da al Ministro de Hacienda el derecho a veto relativo en esta materia y por ende el Banco Central no es totalmente autónomo. Además es sabido que la política de restricciones a los flujos de capital ha sido elaborada en forma bastante consensual entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central y ha sido el resultado del pensamiento conservador en esta materia que inspira a los economistas principales de ambas instituciones.

La política en cuestión dice que los capitales extranjeros que ingresen al amparo del DL 600 o bien del Capítulo XIV del Compendio de Normas y Cambios Internacionales del Banco Central, deben permanecer al menos un año en el país antes de ser remesados al exterior. Con anterioridad a 1993 el plazo mínimo era de 3 años y previo a 1991 este plazo era de 10 años. Se ha argumentado que esta política ha impedido que ingresen al país capitales "golondrinas" o especulativos que buscan una ganancia de corto plazo y que pueden perturbar los precios relativos financieros y producir crisis con su "vuelo". De ello hay suficiente evidencia internacional. Sin embargo, las oportunidades de rentabilidad especulativa de este tipo se da en general en países con tipo de cambio fijo o semifijo, con sistemas financieros débiles y poco maduros desde el punto de vista regulatorio y con inestabilidad macroeconómica y fiscal en general. Por ello es recomendable imponer dichas restricciones en países que se encuentran reformando sus sistemas financieros y fortaleciendo la credibilidad macreoconómica y fiscal.

¿Es Chile uno de esos países?. No. Nuestro país ya no cumple con dichos malos requisitos, como lo certifica la clasificación de riesgo A-, y el Estado no tiene justificación para seguir postergando un régimen de cambio libre como nuevo paradigma cambiario, que además es el régimen general en la Ley Orgánica del Banco Central. No se comprende que el Ministro de Hacienda saliente se oponga a una medida que los equipos entrantes de ambos candidatos principales han propuesto como conveniente. De continuar con esta política conservadora perderíamos la carrera de la globalización y los grandes fondos de pensiones e inversiones internacionales canalizarán sus vastos recursos hacia nuestros vecinos. Con tipo de cambio flexible, se hace extremadamente riesgoso especular en el corto plazo cuando el mercado financiero está suficientemente maduro y ha internalizado que el Banco Central no impedirá que el tipo de cambio se ajuste ante movimientos violentos de capitales.

Estamos viendo los primeros enfrentamientos de un profundo debate estratégico sobre el grado de intervención que debe tener el Estado en materias macroeconómicas en la primera década del próximo milenio. El mejor estratega es quién es capaz de percibir con mayor precisión el entorno que enfrentará el país en el futuro y se atreve a tomar las decisiones consecuentes con esa visión estratégica. La crisis chilena del segundo semestre de 1998 y la recesión de 1999 nos invita a revisar la visión estratégica de los años recientes.




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