Presupuesto de la reactivación


(Columna diario La Tercera, 2 de octubre de 2009)

Por: Patricio Arrau P.



Y también de la consolidación de la protección social. Así deberá ser reconocido el último presupuesto del actual gobierno, anunciado por la presidenta Bachelet y su ministro de Hacienda Andrés Velasco el miércoles recién pasado. Orgullosos y seguros se dirigieron al país en cadena nacional. Parece que fuera ayer cuando la política social oficial eran pensiones asistenciales de $ 30 mil pesos mensuales para los ancianos, las viviendas sociales alcanzaban 20 metros cuadrados, las subvenciones educacionales no cubrían un tercio del costo de la educación y las madres que trabajaban tenían que pedirle a sus vecinas que cuidaran a los niños para ir a trabajar. Las cosas pueden haber cambiado más o menos para algunas personas y familias, pero hay algo que cambió para siempre. La política social dejó de estar supeditada a un exceso de previsión macroeconómica que no se compadecía con un mínimo de dignidad en la definición de los parámetros de apoyo social a nuestros compatriotas más desvalidos. Ahora es la política macroeconómica la que debe supeditarse a ese mínimo digno de protección social. Y no lo digo como una crítica a las políticas macroeconómicas de los primeros tres gobiernos de la Concertación, puesto que allí están los fundamentos que nos han permitido como sociedad alcanzar este punto, sino como un reconocimiento a la presidenta y a su ministro de Hacienda, quienes se atrevieron a apostar por esta nueva mirada de Chile. Las cosas pueden estar muy parecidas para un número importante de chilenos, pero hay algo que no está igual. Es la esperanza de superar la pobreza, el hacinamiento, la ilusión de dejar a los hijos educados y el reconocimiento de que nuestros ancianos no deben ser olvidados.

El presupuesto que ingresó al Congreso nacional el miércoles pasado corona un período sin precedentes de nuevas políticas sociales. Una nueva política previsional del primer pilar solidario, que nació al alero de ese exitoso ejercicio de colaboración técnica y política que fue la Comisión Marcel. Una nueva política de subvenciones educacionales que nació al alero de la protesta de los pingüinos. Una nueva política de vivienda que se consolidó como consecuencia de la crisis económica del último año y la decisión del gobierno de incrementar considerablemente los subsidios a las familias más pobres. Una nueva red de apoyo de salas cunas que la presidenta Bachelet en su calidad de médico pediatra tenía hace rato en su mente. Falta mucho aún, pero el camino está trazado. La solución a la crisis hospitalaria y la calidad las escuelas públicas pasa necesariamente por enfrentar grupos corporativos incrustados en el aparato estatal, pero esa tarea pendiente en nada desmerece la gran obra de dejar para la posteridad una nueva política de protección social, la gran obra del actual gobierno.

Dudo que este año el debate presupuestario sea como el de casi todos los años anteriores. No creo que aparezca un coro de economistas cuestionando el balance estructural planteado, el crecimiento del gasto del 4,3% anual o la estimación de crecimiento del 5% para el próximo año. En realidad, es más probable que en esta ocasión, en medio de una campaña presidencial, la discusión tenga que ver con más señales de contención del mundo político. De ello da cuenta la reciente decisión respecto a que el gobierno no enviará un proyecto de ley laboral antes de las elecciones. Ello es una muestra que las políticas de integración social pueden hacerse en un contexto serio, desprovisto de la tentación populista.



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