Terremoto y la agenda modernizadora


(Columna diario La Tercera, 20 de marzo de 2010)

Por: Patricio Arrau P.



La catástrofe nacional del 27 de febrero pasado ha tenido un impacto personal en la vida de muchos compatriotas que ha sido sideral y que se suma al dolor de la perdida trágica de muchos familiares y amigos. Las prioridades de políticas públicas han cambiado radicalmente para abordar soluciones rápidas a la emergencia humana y material. Es evidente que el violento terremoto tiene bajo fuerte presión a las nuevas autoridades que junto con familiarizarse de sus nuevas responsabilidades deben responder con prontitud a las expectativas. Los errores de manejo de crisis del gobierno saliente no deben empañar su evaluación general, así como las dificultades para responder a las expectativas de parte del gobierno entrante no deben empañar la evaluación de su partida. Nadie está obligado a lo imposible, aunque las lecciones correctas respecto a los sistemas de emergencia no deben quedar en el olvido. La gente ha sido sabia y ha despedido a la presidenta Bachelet con el 84% de popularidad. La presidenta no se va como la primera mujer presidenta de Chile, apelativo que se ganó el primer día de su gobierno, sino que se va como la presidenta de la protección social, querida por un electorado agradecido. Sin embargo, ese mismo electorado le negó a la popular presidenta entregarle la banda al candidato de su coalición y le ha dado su confianza al presidente Piñera, primer presidente de centro-derecha elegido democráticamente en 50 años. Muchos políticos de la actual oposición se rascan la cabeza buscando una explicación razonable para tamaña paradoja. A mi juicio hay una explicación sencilla. La presidenta y su ministro de Hacienda se llevaron el aplauso por las políticas de protección social y el país pudo entender que la pugna política interna de la clase política concertacionista no fue su responsabilidad y que ha retrasado el desarrollo económico del país. La agenda modernizadora del Presidente Piñera y su capacidad de ejecutarla recibió el apoyo electoral, en un contexto de pugnas, pujas y hasta purgas en la Concertación. No es baladí observar que el primer gobierno concertacionista creció al 7,7% anual, tres veces el promedio mundial, mientras el cuarto creció al 2,7% anual, apenas rozando el promedio mundial. La tarea nacional de crecer nuevamente al 6% anual es una tarea que hoy concita una amplia mayoría que es transversal.

Aunque la tragedia de febrero cambio las prioridades de la partida del nuevo gobierno y es comprensible que la agenda que motivó el mandato popular de enero no esté en el centro del debate, es importante que se trabaje desde ya en varios de esos frentes. En particular, una gran preocupación que surge de la demanda de reconstrucción es su forma de financiamiento. Una abrupta liquidación de fondos externos o endeudamiento externo es el impacto en el tipo de cambio y la competitividad nacional. Es imprescindible estar atentos a esta situación y aislar el efecto sobre la competitividad de nuestras exportaciones, mediante emisiones de deuda en pesos en toda la magnitud que acepte el mercado. El mayor impacto en la tasa de interés doméstica es un efecto menor comparado con la defensa de la competitividad nacional, pilar de nuestro desarrollo. Pero dicha deuda deberá ser pagada. Una evidente forma de hacerlo es retomar con rapidez las propuestas de campaña que sugerían que varias empresas públicas enfrentaran la disciplina del mercado de capitales colocando participaciones accionarias minoritarias. Estas ideas llevan años en el debate, tienen amplio apoyo transversal y han sido bloqueadas por intereses corporativos y por añosas ideologías minoritarias, las mismas que perdieron la elección presidencial. La urgencia nacional amerita acelerar esta agenda. Para no caer en el debate de privatizaciones, es posible identificar un número de empresas que deben permanecer en el control estatal, pero pueden y deben abrirse al mercado de capitales ahora. El modelo ideal para estos casos es el modelo de Petrobras, gigante petrolero de Brasil, donde se conserva el control estatal con “acciones de oro” que le dan al Estado la mayoría del directorio y que accede al mercado de capitales con acciones ordinarias para financiar su enorme plan de inversiones y valorar la compañía. Un estatuto especial de empresas públicas chilenas de este tipo, modelo que calza con varias, puede ser enviado al Congreso en las actuales circunstancias. Triple objetivo: hacer líquidos recursos ilíquidos del Estado necesarios para la reconstrucción; hacerlo defendiendo el tipo de cambio y modernizar los estatutos corporativos y control de gestión de varias empresas públicas que deben expandirse en el futuro para generar más valor económico y para contribuir a un mayor crecimiento potencial del país.



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