Impulso Competitivo y la política


(Columna diario La Tercera, 23 de mayo de 2011)

Por: Patricio Arrau P.



La semana recién pasada el Presidente de la República y el Ministro de Economía presentaron un macizo conjunto de 50 medidas microeconómicas que llamaron Impulso Competitivo y que es necesario para continuar con un crecimiento acelerado de 6% anual, más allá del actual impulso que se basa en la recuperación de la crisis internacional y del terremoto y maremoto que asoló nuestro país.

Si están todas las medidas que deben estar no es el punto de fondo. Hay muchas ideas y propuestas en las últimas décadas, muchas más de 50, que no han podido realizarse. Lo importante, sin embargo, es la determinación y el compromiso del gobierno desde sus más altas autoridades de impulsar este significativo paquete de medidas que incluyen diversos niveles y distintos grados de dificultad para su implementación. No es mi intención analizar el paquete, pero si damos algunos ejemplo. En primer lugar, hay una determinación de mejorar procesos del Estado para eliminar burocracias que entraban el crecimiento y la inversión. Sabido es por años que el Estado es un pésimo pagador. Cientos de pequeñas empresas proveedoras del Estado no sospechan que cobrar sus cuentas se convertirá en una pesadilla cuando deciden venderle al Estado. Notable el caso de los pequeños proveedores de materiales a los hospitales públicos, que en muchas ocasiones han debido cerrar por el incumplimiento estatal. El Estado se comprometió al fin a pagar puntualmente. En segundo lugar hay un conjunto de medidas destinadas a promover el emprendimiento y la innovación, así como mejorar el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Es notable que importar una sandalia de china tenga cero impuesto de importación (arancel), pero importar un software todavía cuesta un impuesto a la renta de 15%. Se elimina este último, aunque persisten impuestos de 20 y 30% para la importación de servicios profesionales del más diverso tipo. Un nuevo y más agresivo estatuto Pyme y la anunciada movilidad de las garantías en la banca parece que se harán realidad. Nuevos impulsos desde CORFO al emprendimiento son bienvenidos. Pero es la tercera área de medidas le probablemente dé más dolores de cabeza al gobierno. Se trata de un conjunto de medidas que intenta abrir mercados, crear más competencia, atraer nuevos actores a ciertos segmentos con baja o nula competencia y entregar permisos de gobiernos regionales o municipales para movilizar la inversión. De las 50 medidas, 24 requieren proyectos de ley y tantas otras aprobaciones de órganos de gobiernos regionales y municipales, y por lo tanto, en lo que se refiere a este tercer grupo de medidas, los intereses afectados tendrán la posibilidad de realizar un fuerte lobby en el Congreso y en los gobiernos locales. Aquí es donde la buena política debe superar la mala política. Es mala política cuando un parlamentario o concejal fija su voto de acuerdo a los intereses privados que en ocasiones financian sus elecciones en lugar de hacerlo en representación de sus electores. No es raro que los privados defiendan sus intereses pidiendo audiencias y dando públicamente su opinión respecto a una ley particular o frente a una votación municipal para permisos de inversión de diversa índole en el borde costero. Lo raro es que los parlamentarios o concejales decidan su voto por razones distintas al bien público. Lo hemos visto muchas veces y lo volveremos a ver. Permisos que duermen años y leyes que no se aprueban por el ejercicio sistemático y persistente de intereses privados que se oponen y la influencia que ejercen en los representantes de los electores.

La determinación y liderazgo de las más altas autoridades es esencial para que muchas de estas medidas vean la luz en el año de plazo que tienen por delante. El imperio de la buena política por sobre la mala política, también es un requisito imprescindible.


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