Nuevas demandas fiscales, nuevo acuerdo técnico-político


(Columna diario La Tercera, 5 de septiembre de 2011)

Por: Patricio Arrau P.



Con la vuelta de la democracia en 1990, los equilibrios macroeconómicos estuvieron en el centro del debate de las políticas públicas nacionales. Era necesario que el nuevo sistema político funcionara enmarcado en la responsabilidad macroeconómica. Un Banco Central autónomo y una política fiscal ultra presidencialista, centrada en el Ejecutivo, estuvieron en el centro del diseño chileno. Apostando a que no sería capturado por el populismo, era el gobierno el que debía resguardar la responsabilidad fiscal. El Congreso estaba reservado para las fuerzas políticas responsables, que se repartían los cupos en mitades por obra y gracias de la genialidad del binominalismo. El superávit fiscal más bien discrecional de los primeros dos gobiernos de la Concertación permitió reducir fuertemente el indicador de deuda sobre el PIB y reducir la inflación casi a niveles internacionales. En los últimos dos gobiernos de dicho bloque político se dio paso a una regla que formalizó dichos conceptos. La democracia de los acuerdos, sobre la base de la responsabilidad política y los sabios consejos de los técnicos funcionó para los primeros años de la transición, qué duda cabe, pero a la luz de los acontecimientos actuales en necesario revisar que ha estado mal.

Sostengo que el arreglo descrito en el primer párrafo está colapsando. Se sustentaba en definir un nivel de gatos fiscales en algunos sectores que no era aceptable por la sociedad, como está quedando en evidencia, lo que acumuló demandas que el sistema político no pudo contener. Se sustentaba también en una clase política que responsablemente ayudara a contener las demandas dentro de los rangos posibles, en lugar de exacerbarlas y dedicarse a negociar su 50% de cupos para cada uno. Sin percibirlo, las política públicas pusieron una carga desproporcionada del gasto en educación en los hombros de las familias chilenas. Por estimular la cobertura sin romper huevos en el Consejo de Rectores, se diseñó un pésimo sistema discriminatorio de financiamiento de educación superior, endeudando padres y jóvenes a una velocidad del 6% anual sin la debida regulación por calidad y mínimos estándares de acreditación, con obligación de repago a todo evento. Una bomba de tiempo. Por su parte, no se previó que el pago compartido terminaría segmentando aún más el sistema primario y secundario. La incapacidad política de hacerse cargo de la captura del sistema por los gremios de profesores, que exigía recular en el Estatuto Docente, ha mantenido el sistema en niveles de desigualdad inaceptables.

Hoy se requieren al menos dos puntos del PIB en gastos anuales permanentes en educación para corregir estos errores, todo ello en el contexto de ausencia de acuerdos tanto en lo político como en lo técnico. Se requiere abordar ambos problemas a la vez. Terminar con el monopolio de la actual clase política cambiando el binominal y la ley de partidos políticos con primarias obligatorias y financiamiento público. Pero también se requiere debatir con serenidad como se financiarán los nuevos gastos y aquí los técnicos también estamos haciendo agua.

Existe un enfoque algo paranoico de los equilibrios macroeconómicos de parte de muchos. Se requieren más impuestos, pero también se puede recurrir a la deuda pública en forma transitoria (o reducir los activos netos acumulados), hasta alcanzar un nivel aceptable, digamos 20% del PIB. El Estado tiene la habilidad de gravar futuras generaciones y posponer impuestos hacia esas generaciones más ricas. No es lo mismo financiar un gasto con deuda pública cuando el nivel de deuda es cero por ciento o es una vez el PIB. Se requiere un nuevo acuerdo técnico-político para un desarrollo sustentable. Una nueva clase política emergerá de los cambios propuestos. Nuevos técnicos, menos traumatizados, mejor conectados con las necesidades reales, también son necesarios.


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