La nueva ley de I+D


(Columna diario La Tercera, 20 de julio de 2012)

Por: Patricio Arrau P.



Nuestro país tiene un mal record en materia de gastos en Investigación y Desarrollo (I+D). El año pasado llegamos a un 0,5% del PIB, unos US$ 10 mil millones. De ese monto, más del 56% es I+D del sector público. Un país que no invierte en investigación y desarrollo está condenado a quedarse atrás en los tiempos de hoy. Los guarismos chilenos se comparan muy desfavorablemente aquellos de los países de la OECD, club de países desarrollados y en desarrollo con los cuales nos gusta compararnos y a los cuales acabamos de ingresar. Los países de la OCDE invierten en promedio un 2,3% de su PIB en I+D y dos tercios de ese monto es inversión privada y sólo un tercio es inversión pública.

En marzo pasado se modificó la Ley 20.241 que permite a las empresas invertir en I+D. La ley original data del gobierno anterior y permitía a las empresas invertir en I+D siempre y cuando lo hicieran en contratos con centros de investigación registrados y con varios límites. En la práctica, si bien es necesario reconocer el impulso inicial proporcionado, la ley original era a todas luces insuficiente, pues el impulso a la investigación y desarrollo fue menos al esperado entonces. La es similar a la ley de donaciones. Las empresas que gastan en investigar, innovar y desarrollar nuevos procesos o productos, podrían deducir un 35% de los gastos en I+D de su pago de impuestos anuales y el resto podría ser gasto reconocido para generar la renta, por lo cual, el Estado está aportando cerca del 50% de los gastos en menores impuestos percibidos. Así el Estado y las empresas privadas son socios en la investigación y desarrollo que realiza el país. La nueva ley modificó la anterior en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, se permite a las empresas presentar directamente proyectos de inversión al Estado para conseguir la acreditación de gasto elegible como I+D. Sin desmerecer a los centros registrados, que continúan como sujetos de certificación, CORFO evaluará directamente los proyectos presentados para certificarlos como elegibles. En segundo lugar, se incrementó significativamente el monto susceptible de ser imputado a los impuestos pagados por las empresas. De UTM 5.000 se incrementó el monto anual a UTM 15.000, es decir, hoy las empresas pueden imputar hasta 1 millón de dólares a los gastos que realicen I+D.

Este es un cambio fundamental que entra en aplicación el próximo 7 de septiembre. La meta del gobierno es llegar al 0,8% del PIB en el año 2014, pero creo que podemos aspirar al doble de eso. En primer lugar, esta ley permitirá sincerar gastos en I+D que hoy realizan las empresas y que no las registran como tales. Las empresas temen que el Servicio de Impuestos Internos (SII) pudiese considerar dichos gastos como fuera del giro y por ende castigar a las empresas calificando dichos gastos como no necesarios para generar la renta, lo que implica una fuerte multa tributaria. En segundo lugar, aunque esta afirmación pudiese ser calificada de osada, Chile ha ido consolidando una industria de capital de riesgo que cada vez muestra mayor ímpetu de innovación y por lo tanto esta ley está desencadenando un gran interés en todo el ecosistema de innovación chileno para escalar los proyectos de innovación, donde la investigación y desarrollo de las empresas es central. Aunque hoy parezca una opinión antojadiza, creo que en Chile se está incubando un gran impulso de innovación, a la investigación aplicada y al desarrollo de nuevos productos y procesos, que en una década más, será fuente de orgullo para todos nosotros. La ley 20.241, así como el impulso que hemos dado a la industria de capital de riesgo, estarán en el centro de las explicaciones de este boom de innovación, investigación y desarrollo.



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