Crecimiento acelerado: una deuda pendiente


(La Segunda, 28-12-2000)

Por: Patricio Arrau P.



Para llegar a ser un país desarrollado e integrado en el bicentenario de la independencia, las aritméticas no engañan: debemos tener una década de crecimiento acelerado a tasas similares a la que tuvimos entre 1987 y 1997, es decir por arriba del 7% anual. El primer año del siglo 21 no es un buen auspicio para este gran desafío y las proyecciones del 2001 tampoco.

Hace casi un año atrás, en el fragor de la contienda presidencial, esbozamos en una columna de prensa los requisitos necesarios para cumplir este desafío (“Lagos, un nuevo sexenio de crecimiento acelerado”, véase en www.gerens.cl/arrau.htm). Haciendo una analogía con el rápido crecimiento en el mundo entre el siglo XVIII y siglo XX, en claro contraste con el estancamiento de los primeros diecisiete siglos del milenio, compartimos en aquella ocasión la opinión de la revista “The Economist” que atribuye este círculo virtuoso de creación de riqueza e innovación en occidente a la libertad individual, tanto política, cultural y social (a través del desarrollo de instituciones sólidas) como a la libertad económica de emprender. Profundizar ambos ingredientes sigue siendo el secreto para crecer aceleradamente y lograr integración social en Chile durante esta década.

En el plano del fortalecimiento institucional, el gobierno del Presidente Lagos ha dado un gran salto en la dirección correcta. Los esfuerzos en los primeros meses para subordinar a las FF. AA. al poder civil, los acuerdos en la Mesa de Diálogo y los avances del Poder Judicial en los procesos pendientes de los derechos humanos y del General Pinochet, nos acercan a una solución institucional y civilizada de los temas pendientes del pasado que dividen profundamente a los chilenos. Es indispensable resolver estos temas y con ello lograr un acuerdo político para terminar con los enclaves no democráticos de nuestra Constitución. Asimismo, los esfuerzos del gobierno por quebrar a los grupos de presión de los transportistas, de los portuarios, y en general de los gremios que buscan granjerías especiales mediante el chantaje social, es decir fuera de las instituciones normales que gobiernan las relaciones sociales civilizadas, también es un punto a favor que se gana el actual gobierno. En el frente de los avances institucionales, creo, estamos relativamente bien.

En el segundo ingrediente, es decir en las reformas económicas que renueven los motores de crecimiento y profundicen los espacios de libertad para emprender, sin embargo, el cuadro está confuso y no se percibe que pueda aclararse durante 2001. La Concertación es una alianza política que muestra una extraordinaria homogeneidad en el primer ingrediente del círculo virtuoso, pero está fuertemente “conflictuada” en lo que respecta al segundo ingrediente. El equipo económico de Lagos recibió un aplauso cerrado en su inauguración, pues los ministros dan confianza a los privados de avanzar en esta materia. Sin embargo, en los hechos la Concertación ha demostrado estar atrapada en la dualidad que refleja su primer slogan de la carrera presidencial: Crecer con Igualdad. La dualidad no ha podido ser resuelta debido a la compleja coyuntura política que es generada por el infortunio de tener dos elecciones seguidas en los dos primeros años junto a una reactivación porfiada y lenta, además de mal prevista. La dualidad sólo tiene posibilidades de ser resuelta después de la elección parlamentaria, es decir el 2002. Mientras tanto, un crecimiento entre 5 y 5,5% para 2001 hará más difícil el desafío para los 8 años restantes.

Para resolver la dualidad es necesario leer bien el slogan: Crecer con Igualdad, no Igualdad con Crecimiento. La prelación no es trivial. Solo crecer aceleradamente hace viable un avance en la mayor igualdad e integración social que Chile requiere para el 2010. Intentar actuar en políticas de igualdad en forma previa a volver a encender los motores del crecimiento acelerado no colabora con el círculo virtuoso, sino más bien nos empuja en uno vicioso. Retomar un crecimiento acelerado es una condición necesaria para avanzar en políticas de igualdad de oportunidades y en un mejor balance y movilidad social en Chile.

Cuatro son las reformas para el crecimiento, es decir para entusiasmar a los empresarios a invertir y a crear empleo y a los consumidores a gastar. En primer lugar, reformas laborales flexibles para adecuar mejor la oferta de trabajo a una demanda cambiante y evitar los abusos de los empleadores inescrupulosos. Los llamados temas duros (negociación interempresas y no reemplazo en la huelga) deben ser descartados a la brevedad pues responden a una concepción errada de protección al trabajador. En segundo lugar, una reforma tributaria para el crecimiento, que reduzca significativamente las tasas altas del global complementario sin necesidad de pretender compensar en su totalidad la baja de ingresos tributarios. La tasa de impuestos a las empresas debe mantenerse en torno al 15%. En tercer lugar una fuerte desregulación del mercado de capitales y financiero, incluida la eliminación de impuestos a las transacciones financieras y a las ganancias de capital. En cuarto lugar, transformar todas las empresas públicas en sociedades anónimas y evaluar la apertura a bolsa y privatización de la mayoría de ellas.

No es correcto pensar que con estas medidas se hipoteca avanzar en la igualdad y en la integración social. Ampliar el mercado en estos aspectos es el mejor mecanismo para una asignación eficiente de los recursos escasos y ello no significa menos equidad. Estas medidas son necesarias para crecer nuevamente a tasas aceleradas, lo que es el sustento básico para avanzar también en las políticas de integración social. La recuperación del empleo y la capacidad de consumo de los más desamparados será el principal impacto del crecimiento acelerado. La modernización del Estado y su gestión, así como la redefinición de la política fiscal, son ingredientes necesarios para seguir desde allí en una creciente igualdad de oportunidades e integración social. Un peso gastado en infraestructura pública y en educación y capacitación tiene una enorme rentabilidad social. Pavimentar los polvorientos callejones de Chile es una obligación para con los niños que respiran el polvo. El Estado tiene capacidad para escalar estos gastos estructurales en inversión pública y social descartando incrementos en salarios públicos y gastos corrientes. Un peso menos en un mal profesor para ser entregado a un buen profesor asegura un incremento en la calidad de la educación, por lo que se debe fortalecer los diseños de políticas que permiten dicha reasignación de recursos, sin prejuicios en usar incentivos a los privados para ello. Por lo mismo, la señal entregada por el Ministro Eyzaguirre con el reajuste del sector público es clara y potente: no hay recursos para reajustes generales. Los funcionarios públicos no son trabajadores privilegiados en Chile. Mayores salarios para los buenos funcionarios y menores para los malos, pero no hay salarios parejos para los buenos y los malos funcionarios. Los grupos de presión deben recibir el repudio de todos ante el chantaje social y no corresponde dejar solo al gobierno en esas horas críticas. Es hora de ensayar variantes en el sistema de salud, una gran reforma de gestión de la salud es necesaria. Pero también es posible modificar y sofisticar la restricción presupuestaria. Chile no necesita incrementar el patrimonio público con un superávit estructural, al menos no es necesario un 1% por ahora. Recuperar un 1% estructural para el 2005 es suficiente, aunque debe evaluarse una modificación de la regla estructural desde un 1% a un balance estructural. Un nuevo pacto Público-Privado que incluya el paquete de las 4 reformas estructurales mencionadas arriba a cambio de relajar la restricción fiscal auto impuesta tempranamente por el equipo económico, es posible de obtener.




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