Paros Portuarios


(Columna de opinión La Tercera, 18 de enero de 2014)

Por: Patricio Arrau P.
Ph. D. Economía, U. de Pennsylvania



Por algo más 13 años, los meses de diciembre y enero de 2014 eran meses de gran preocupación en mi vida y no estaban exentos de una dosis estacional de colon irritable asociado a los paros portuarios que con frecuencia se desatan en esta fecha. Por 7 años desde 1998 a 2005 ejercí el cargo de Presidente del Directorio de la Empresa Portuaria de Iquique y por 6 más, desde 2005 a 2011, ejercí el mismo cargo en Empresa Portuaria de San Antonio. Ambas empresas públicas en esos períodos llevaron a cabo sendos procesos de concesiones portuarias. Cuando ese no era la causal de paros y desórdenes en los puertos, las reivindicaciones salariales o de otro tipo sí lo eran. El sistema de negociación al interior de los puertos funciona así, impactando a muchos otros trabajadores y empresarios que no tienen nada que ver. Cabe preguntarse por qué. El verano de 2011, tuvimos un paro de 40 días asociados al proceso de concesión del Puerto Central en San Antonio, mientras negociábamos una compensación adecuada por la terminación del sistema multioperado y su reemplazo por el sistema monooperado. Lo que más me llamaba la atención desde el principio era las dificultades que teníamos para que la fuerza pública se hiciera presente cuando solicitábamos que se despejaran los accesos para que los trabajadores que así lo desearan pudieran entrar a trabajar. El amedrentamiento a los que no deseaban sumarse en ocasiones podía llegar a excesos sorprendentes. Recuerdo que en una ocasión visitamos la casa de un trabajador en Alto Hospicio pues ésta había sido apedreada en la noche, en la presencia de su familia al interior, con sus pequeños hijos aún en estado de shock, puesto que no compartía el paro y deseaba trabajar para alimentar a su familia. No podía dejar de sorprenderme la pasividad que a veces mostraban las autoridades políticas para utilizar la fuerza pública antes que las cosas escalaran a tener gran impacto. Conozco y aprecio a Sergio Vargas, un líder espontáneo e independiente de San Antonio que emergió a fines de los noventa. En muchos aspectos tiene razón. El sistema de fiscalización a las condiciones laborales al interior de los puertos es débil y con múltiples actores, sin una autoridad que responda con rapidez a problemas que puedan presentarse entre los trabajadores y sus empleadores, con muchas empresas que operan en él, algunas muy pequeñas, donde los reclamos quedan colgando por meses o años. Pero en otras tantas, en las más complejas, no tiene razón. En ocasiones las demandas de los trabajadores son desproporcionadas, y cuando son de ese tipo, es evidente que no hay espacio de negociación hasta que las cosas escalen. Así funciona el proceso de negociación al interior de los puertos. Solo con la presión de alto impacto, de sus familias, de los ingresos que se van a otros puertos, solo cuando aparecen las divisiones internas, solo allí es posible llegar a puntos de encuentro. Así fue con los 40 días del 2011 y así está ocurriendo ahora. El modelo portuario chileno es un buen modelo que ha resuelto los cuellos de botella en la inversión portuaria, y se requiera ahora una organización laboral y de resolución de conflictos que tome en cuenta que se trata de una actividad estratégica, donde no hay espacio para el chantaje, el amedrentamiento, y tampoco para que los problemas laborales queden colgando sin solución. Esto es responsabilidad de las autoridades y no de los trabajadores. Para eso pagamos impuestos y financiamos las instituciones públicas. El sistema ha funcionado de esta forma porque las autoridades así lo han permitido. Por su pasividad para abordar una nueva institucionalidad que esté a la altura, y por su pasividad para restaurar el orden público desde el primer momento en que es quebrantado. El prestigio de Chile en tanto sus sólidas instituciones aquí no existe. El próximo gobierno tiene que subsanar esta situación. Se debe proponer un sistema de arbitraje o resolución de conflictos que excluya el paro. Cuando ellos sean ilegales, la autoridad pública debe actuar desde el primer día, no esperar al último.


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