Gobierno y empresarios


(Columna el Diario, 30-11-01)

Por: Patricio Arrau P.



Hace exactamente un mes atrás, el llamado del Presidente de la SOFOFA en la cena anual de la asociación para realizar una verdadera revolución microecónomica e impulsar el crecimiento del país fue acogido con entusiasmo por el Presidente de la República. Parecía ser el principio de una nueva fase de mejores relaciones. El duro discurso del Presidente de la CPC en el encuentro de ENADE de la semana pasada encendió nuevamente los mutuos reproches. Es vital para volver a crecer que el gobierno y los empresarios puedan entenderse. El país no puede funcionar bien si quien fue elegido en democracia para dirigir los destinos públicos y quienes tienen a su haber las decisiones de inversión, empleo y producción fallan en este empeño.

Es trivial la explicación que existen desconfianzas mutuas. Pero más difícil es encontrar respuesta a las siguientes preguntas: ¿de donde vienen esas desconfianzas?, ¿cómo pueden transformarse en un proceso virtuoso de refuerzo mutuo de nuevas confianzas?. Al parecer el lenguaje que se utiliza en el diálogo dista mucho de ser un lenguaje que genere un necesario acoplamiento lingüístico para entenderse, y muchos argumentos que se dan, en ocasiones parecieran estar intercambiados respecto de los roles de cada uno. Veamos un ejemplo respecto a la principal fuente de reproches, la reforma laboral.

El gobierno no fue elegido para dejar contentos a los empresarios en sus decisiones y enfrenta un dominio de decisiones mucho más amplio que ese. El gobierno actuó con una lógica política. Decidió tomar en serio la queja de los dirigentes sindicales de la CUT respecto a las denuncias de ilegalidades y empujó un proyecto que pensaba era un mejor equilibrio en las relaciones laborales del país. Asimismo pensó que no sería tan traumático como ha sido, principalmente porque el diagnóstico sugería una mejor evolución de la economía. El problema está en que en su empeño por defender la reforma, el gobierno elude esta lógica política, o los errores de diagnóstico que la sustentaban, y tiende a explicar que las quejas empresariales son falsas: que la reforma no genera desempleo, que sólo los malos empresario tiene que temer. Con estas explicaciones el gobierno cae en un dominio que no es el suyo y eso genera desconfianza. Todos los empresarios, grandes y chicos, de la Concertación o de la derecha, pensamos que la reforma laboral es una mala reforma, que prolongará el período de desempleo relativo a un sistema flexible, y esa queja cae en el vacío absoluto. No puede generar confianza en los empresarios que el gobierno contra argumente en un dominio que no es el que le corresponde. Aquí hay una ley laboral impulsada y promovida en el dominio de la política y no en el dominio económico y del empleo. Lamentablemente, se respondió a la presión de dirigentes con una visión sindicalista “a la antigua”, una que mira al Sur cuando el país avanza al Norte. Pero queramos o no, a partir de mañana, la reforma pasa a ser el entorno legal en el cual hay que tomar decisiones. No parece razonable que los empresarios sigan impugnando al gobierno por esta reforma, cuando ha pasado todas las instancias institucionales democráticas que corresponde. La reforma fue aprobada por el Congreso Nacional. Es materia del sistema político impugnar el error político del gobierno en esta decisión y no de las organizaciones gremiales empresariales. Evidentemente quedó claro que no es prudente impulsar reformas laborales y tributarias, áreas tan centrales para la economía, sin un acuerdo amplio.

Es indispensable avanzar en la agenda económica pro crecimiento propuesta por SOFOFA, que despeje las sospechas y reafirme las confianzas. Transformemos la reforma laboral en una oportunidad. En Chile existen 5.3 millones de trabajadores de los cuales 4,9 millones están en el código del trabajo y 400.000 se encuentran protegidos por estatutos especiales (docente, trabajadores municipalizados de la salud, médicos de hospitales y consultorios públicos, funcionarios públicos). Ellos están protegidos por inmovilidad laboral (excepto reiterada mala calificación en algunos casos). Estos trabajadores y los gremios que los representan no pueden seguir defendiendo este privilegio y ello es clave para la reforma del estado, de la salud, de la educación. Es necesario negociar la terminación de estos estatutos, para lo cual es imprescindible un acuerdo político muy amplio. Todos nos vamos al código del trabajo. La gran mayoría de los lectores de esta columna posiblemente tienen sus hijos en colegios con profesores contratados con el código del trabajo, o se atienden en instituciones de salud con médicos y asistentes de la salud también contratados con el código del trabajo, no hay nada que temer. Preguntemos a los 4,9 millones de trabajadores del código del trabajo que opinan acerca de los privilegios de los estatutos especiales de estos 400.000 trabajadores.


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