Cómplices pasivos de la política


(Columna de opinión La Tercera, 17 de enero de 2015)

Por: Patricio Arrau P.
Ph. D. Economía, U. de Pennsylvania



Ya avanzada década y media desde que se recuperó la democracia plena, los chilenos supimos que los ministros y un importante número de funcionarios de confianza en lo más alto de la administración del Estado, que se suponía tenían un sueldo de unos $ 1.600.000 al mes, no era tal. Recibían un sobre en efectivo para complementar su sueldo con cargo a los ingresos reservados de la Presidencia de la República. Era un secreto a voces. Lo sabían los líderes del gobierno y de la oposición. Cuando el 45% de la población vivía bajo la línea de pobreza, era poco recomendable que se explicitara esta situación, y nuestra clase política de entonces prefirió mantener este opaco sistema de compensación a nuestros ministros. Así empezó nuestra democracia, desde la mayor opacidad. El secreto estalló con el caso MOP-Gate. Tuvimos suerte. A la cabeza de ambos bloques políticos estaban el presidente Lagos y Pablo Longueira. Se logró un acuerdo para sincerar la compensación a los más altos funcionarios del Estado y se llegó a un acuerdo para financiar las campañas políticas. Incluso el Servicio de Impuestos Internos concurrió con la más curiosa de sus resoluciones y determinó que los billetes en los sobres no eran ingresos tributables, lo que evitó hacer un sinnúmero de rectificaciones tributarias para los funcionarios públicos que recibieron los sobres. Se acabó así la complicidad pasiva que en esta materia duró década y media.

Un paso importante, pero insuficiente a la luz de la nueva crisis que hoy vive nuestra democracia. El acuerdo sinceró el sueldo de los ministros y parte del financiamiento de la política por 90 días cada 4 años, es decir cuando hay campaña. Los otros 1.370 días, o cuando no alcanza para la campaña, cada uno ve cómo se las arregla. Para financiar su actividad política existe la mayor diversidad entre los políticos. Los políticos electos al Congreso la tienen sobrada. Se convierten en incumbentes protegidos para ejercer su actividad, de cargo del contribuyente. Los funcionarios públicos de confianza también se las arreglan bastante bien. Después de todo, tienen el sello del Poder Ejecutivo para dedicarse a trabajar en beneficio del bien común. Para el resto, especialmente para aquellos que se atreven a desafiar a los incumbentes, la cosa en más complicada. Desde lo más sano a lo más oscuro. Desde quienes pueden combinar su actividad profesional y con gran esfuerzo personal pueden abrir espacio a su actividad política, hasta quienes tienen el más desconocido y misterioso financiamiento de su quehacer. Incluso los millonarios de la política no la tienen fácil. Sus fundaciones tienen un estatuto y un propósito, no es cosa de financiar cualquier actividad o cualquier sueldo.

Es imperativo para nuestra democracia dar un nuevo y colosal salto hacia la transparencia y dejar atrás la opaca relación entre el dinero y la política. La impropia vinculación entre el dinero en la política y el mundo empresarial está de moda y ha tenido un severo impacto en cierto sector de la derecha. Lleva varios meses en el tapete. Sin embargo, la última arista de esta historia es bastante dramática para la izquierda. Se trata del financiamiento ilegal externo. Allí no existen facturas ideológicamente falsas, tampoco hay trazabilidad. Presumiblemente aún rige la maleta con billetes o el cheque personal. Es evidente que llegó la hora de una nueva institucionalidad para financiar la política y fortalecer nuestra frágil democracia. Se requiere un nuevo y definitivo acuerdo para transparentar el financiamiento de la política, sin aportes reservados, sin aportes anónimos, todo sobre la mesa, con claridad jurídica para quienes contribuyen a la política como para quienes reciben los aportes. Con severas sanciones de pérdida de cargo para legisladores y funcionarios que se vinculen bajo la mesa para dar cara de interés público a un interés privado. Esto no da para más.



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