Impuestos y financiamiento para la democracia


(Columna La Tercera, 27-01-03)

Por: Patricio Arrau P.



La democracia es un tesoro muy preciado, bien lo sabemos en Chile, y sin embargo, nuestra institucionalidad no tiene contemplado el financiamiento de la actividad de la política y de las campañas electorales, que son la base misma de toda democracia. Sólo nos consta que fluye mucho dinero, reflejado en los miles de afiches, rayados, jingles musicales, viajes y visitas puerta a puerta que se producen especialmente concentrados en las campañas electorales. ¿De donde salen los recursos?. Pregunta difícil. Sin desmerecer el enorme esfuerzo que realizan miles de personas mediante contribuciones a las campañas de su preferencia, previo pago de todos los impuestos personales que correspondan, es probable que el grueso de los recursos no provenga de dicha fuente. En un sistema económico como el nuestro, la riqueza se genera en las empresas y es desde allí donde seguramente salen los principales recursos para las campañas.

Nuestro sistema tributario, sin embargo, no permite deducir de los ingresos de la empresa los gastos que no sean necesarios “para producir la renta”. Ello genera un terrible dilema: si la donación política es sólo un aporte desinteresado, sin “provisión de servicios” de parte del candidato, entonces el empresario debe declarar como “gasto rechazado” dicho aporte en el balance tributario, lo que impide deducir ese gasto del impuesto de las empresas, pero al mismo tiempo debe declarar como “retiro presunto” ese gasto en su impuesto global complementario personal y pagar un impuesto que seguramente fluctúa entre 35 y 40% por el aporte. Ello no es todo, como el gasto no tuvo como fin el consumo personal del empresario, además tendría que pagar el “impuesto de donaciones”. Curiosamente si el aporte a la campaña es la contraparte de “servicios prestados”, como por ejemplo la disposición del futuro legislador de “apoyar” leyes del interés del aportante, entonces el aporte es un gasto “que genera renta” y podría ser deducido de los ingresos previo pago del impuesto de la empresa, y evitar así legalmente los impuestos referidos arriba, pero el problema es que el empresario en ese caso comete el delito de cohecho.

Mala cosa nuestro sistema tributario. En realidad nuestro sistema es veneno para la democracia. O la democracia se financia con evasión de hecho (no se declara el gasto rechazado, ni el retiro presunto, ni el impuesto de donaciones) o la democracia se financia con corrupción (delito de cohecho). Todo debajo de la mesa con la esperanza de no ser descubierto. Mal puede el sistema político en estas condiciones evitar la degradación que hemos visto en los últimos meses.

La Concertación ha propuesto principalmente el financiamiento público y leyes que pongan límite a los gastos de campaña como una forma de resolver el oscuro proceso del financiamiento de la política en Chile. Es decir, gravemos a los chilenos con impuestos y entreguemos esos recursos en forma pública a los partidos o a los candidatos de acuerdo al apoyo popular que gocen. Ello resuelve poco y nada el problema, puesto que al no permitir voluntariedad ciudadana para financiar la política, el incentivo para aportar debajo de la mesa permanece como un cáncer que destruye la democracia. Esta solución pública se inspira en el hecho de que los partidos de centro izquierda se sienten en desmedro frente a la derecha cuando se trata de levantar fondos de los empresarios. Pero ello no se debe a un sesgo genético de los empresarios, sino a que los partidos de centro izquierda no han querido abandonar el discurso antiempresarial. Para ser de centro izquierda y empresario a la vez hay que ser un poquito esquizofrénico.

Sin desmerecer una solución pública muy acotada, que permita la emergencia de liderazgos independientes en las elecciones, la única manera de financiar la política arriba de la mesa es corregir la brutal distorsión tributaria que afecta a los aportes. Está bien gravar el consumo privado o la renta que se dedica al beneficio personal, no así el aporte desinteresado para permitir que la democracia, invaluable intangible que merece ser protegido, pueda operar.

Se requiere la doble voluntad del Ejecutivo y de los empresarios para encontrar una solución que devuelva dignidad a la política. El ejecutivo debe permitir el aporte empresarial libre de impuestos (con ciertos límites) a cambio de la apertura de información total respecto del origen de los fondos (“full disclosure”), donde el candidato debe tener responsabilidad penal y/o de cargo en los casos de campañas. Los empresarios deben modificar su postura en contra de la apertura total de información, puesto que ello no generará más extorsión o chantaje, como argumentan, sino que permitirá poner el eventual chantaje arriba de la mesa. Pero quizá la principal ventaja de la propuesta de apertura total, es que la centroizquierda que aspire al poder deberá sincerarse consigo misma y con la historia reciente de Chile y abandonar el discurso antiempresarial que permanece adherido a muchos de sus dirigentes. Así, muchos de nosotros podremos abandonar también nuestra propia esquizofrenia.




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