Otra mirada al financiamiento de la política por empresas


(Columna de opinión Pulso, 1 de abril de 2015)

Por: Patricio Arrau P.
Ph. D. Economía, U. de Pennsylvania



Se ha convertido en una especia de consenso público esto de que las empresas no deben contribuir a la política ni a las campañas. De todos los lados se escucha que las empresas no votan, y por ende el financiamiento de la política, y en particular de las campañas en elecciones de quienes aspiran a ocupar dichos cargos públicos, sólo debe provenir del financiamiento de las personas y del Estado. Hay quienes incluso quieren limitar el financiamiento de la política sólo al Estado. Creo que excluir a las empresas en un error y a continuación argumento por qué. Hay dos argumentos distintos, pero es el segundo el que más peso hace. Parto por el primero. Al igual que el financiamiento estatal de la educación superior, tengo toda la sospecha de que la calidad de nuestra política se deteriora si es que se excluye a las empresas, (en el caso de la educación superior si se excluye el financiamiento de los estudiantes y sus padres), puesto que habrá un financiamiento insuficiente para que nuestra democracia se mueva con dinamismo y flexibilidad. Faltará plata disponible de parte del Estado y las personas para que los entrantes, con buenas ideas y disposición a desafiar a los incumbentes, puedan desplegar sus plataformas electorales en igualdad de condiciones con aquellos en cuyos cargos desafían, o en competencia con los candidatos desafiantes de alto patrimonio que podrán disponer de él. Muchos empresarios están disponibles para financiar la política por buenas razones y es una caricatura pretender que todos solo lo hacen para comprar influencia en sus áreas de interés y luego, secretamente, ejercer el delito de cohecho. Por cierto, imposible desconocer quienes les interesa solo financiar a quienes defienden sus intereses, y precisamente por eso es que me voy directo al segundo argumento en favor del financiamiento de las empresas en política. Este primer argumento es subjetivo y entiendo que rebatible por quienes creen que el poder coercitivo del Estado no tiene límites, y que es cosa de cobrar impuestos para financiar bien la política. Obviamente no comparto esa opinión será otro el escenario para abordar estas propuestas estatistas. Vamos entonces al segundo argumento que es muy objetivo. Este argumento habla de la necesidad de reconocer los incentivos del mundo real para abordar con transparencia y trazabilidad el financiamiento de la política y la persecución de la corrupción y el cohecho. Al excluir a las empresas, el financiamiento privado de la política se volverá más opaco, con maletas y billetes, y será mucho más difícil saber quién defiende qué interés. Es cierto las empresas no votan, pero los empresarios sí, y ellos ganan su dinero en las empresas, en los sectores en que ellas se desenvuelven. Las leyes normalmente abordan esos intereses. Todo lo que sabemos hoy de corrupción, cohecho y financiamiento irregular lo podemos investigar porque la evidencia está registrada en los balances y respaldos de las empresas. ¿No es acaso muy saludable permitir el financiamiento abierto, transparente y trazable de las empresas, de modo que luego podamos cruzar cómo se financian los políticos, qué ideas tienen y cómo votan en el Congreso?. Así, podríamos juzgar si algún senador o diputado debe o no inhabilitarse en determinada votación. No soy partidario de obligar la inhabilitación, pero sí de dar al político el derecho de administrar sus propios conflictos de interés, en forma abierta, de el debate público. Por ejemplo, si un diputado es partidario de fortalecer del sistema privado de pensiones o de salud, así hace campaña y su campaña es financiada por las AFP o las Isapres, ese diputado deberá decidir si se inhabilita o no, pero todos podemos discutir y juzgar si se está manejando bien o mal su conflicto de interés. Lo mismo para un senador a favor de fortalecer la sindicalización y recibe fondos de las federaciones de trabajadores. El más grande error de la legislación de principios de la década pasada fue autorizar el financiamiento reservado de las empresas, puesto que ello es irreal y se ha prestado para ocultar los intereses y conflictos de interés que enfrentan los políticos elegidos en las urnas. No tiene nada de malo hacer campaña expresando ideas que defienden determinado interés, pero la única forma de protegernos de la corrupción y el cohecho es dejar trazado, abiertamente, como se financian las campañas. Por cierto hoy el financiamiento empresarial se hace en gran medida con gastos que son gastos rechazados para generar la renta y por ello hay tanta boleta irregular en los balances de las empresas. Eso debe sincerarse y permitir ese financiamiento dentro de ciertos límites. Quizá los mismos límites actuales para los gastos reservados, pero por cierto eliminar la reserva y obligar a que se declare el gasto abiertamente para tal o cual candidato, con la obligación de las empresas a mantener los registros y respaldos en su contabilidad. Mi propuesta es total transparencia y trazabilidad.


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