Deprimente, pero una oportunidad


(Columna de opinión Pulso, 4 de noviembre de 2015)

Por: Patricio Arrau P.
Ph. D. Economía, U. de Pennsylvania



La colusión papelera representa un inmenso impacto para toda la sociedad chilena. Una de las empresas más emblemáticas de la economía nacional, dirigida por una de las familias más tradicionales de Chile, que produce productos básicos de importante incidencia en el consumo de toda la población, que se había librado de los escándalos de sus otros pares involucrados en financiamiento irregular de la política y del tráfico de influencias de funcionarios públicos, resulta que hace 10 años que viene engañando a todos los chilenos con una de las prácticas anticompetitivas más abusivas: la colusión. De la más escabrosa manera. Quienes estamos a favor de la libre empresa y de la libre iniciativa privada, que deseamos una sociedad libre donde impere la ley y la justicia, en un ordenamiento y marco institucional democrático liberal que es el que ha llevado a muchas naciones al desarrollo; con tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario, pero siempre cuestionando los abusos privados y la intrusión excesiva del Estado en la economía y la vida privada, nos hemos quedado sin habla. Mi habla hasta ahora había estado concentrada en exigir al Estado y al poder político que se pusieran las pilas y que corrigieran las muy malas políticas públicas que hemos estado observando en los últimos 18 meses. Que el problema de elevar los recursos tributarios en 3 puntos del PIB se hacía con un alza razonable de impuestos y con estrictas leyes y facultades anti elusión y poniendo el foco en capturar y si es necesario encarcelar a los evasores. Que no era necesario exterminar nuestro sistema educacional mixto y reemplazarlo por un sistema dicotómico, despilfarrando US$ 7.000 millones públicos para recomprar toda la infraestructura privada en educación subvencionada, sino que era necesario regular y fiscalizar severamente a los sostenedores; que la gratuidad universal en educación superior es la peor política pública de la cual tengo memoria; que la reforma laboral está inspirada en el siglo pasado y será un obstáculo para crecer y alcanzar el desarrollo, desplazando especialmente a los trabajadores de menor calificación. Y sucede que uno de los actores más influyentes del mundo empresarial, presidente de un muy prestigiado centro de estudios, como es el CEP, tenía este cadáver en su closet. Lo sucedido es inaceptable y merece el mayor repudio. El asunto de las farmacias y los pollos no son una excepción. Estas situaciones ponen en entredicho a toda la clase empresarial y se corre el riesgo de que nuestro desencuentro nacional se polarice aún más. Pero toda crisis es una oportunidad. Es necesario que el mundo de la gran empresa, en cada sector, revise en profundidad sus prácticas y la manera en que ha venido funcionando hasta ahora. Pongo dos ejemplos. ¿Acaso no es la hora que la banca, de una vez por todas, cambie la forma en que funciona y opera en algunos segmentos, como es el caso de los medios de pago, y se tome muy en serio las preocupaciones de la Fiscalía Nacional Económica recientemente expuestas?. ¿Acaso no es la hora de que las casas comerciales y supermercados, así como todas las grandes empresas, cambien sus prácticas de pago a sus proveedores pequeños, que se adopte por default el “acuse de recibo” de la factura electrónica en forma automática a los 8 días, y se genere de este modo una enorme inclusión financiera de los más pequeños?. Estas medidas son de perogrullo pero no pueden adoptarse cuando las veta la gran empresa. Nuestra economía está plagada de trabas y lomos de toros, tanto públicos como privados. Además de exigir a nuestras autoridades probidad y eficiencia en los asuntos del Estado, también demos pasos sustanciales desde el sector privado para mejorar los mercados. Las mejores prácticas de mercado no son para el vecino, parten por casa. La solución no es solo leyes penales de delitos económicos (evasión, colusión, información privilegiada), sino un cambio cultural mucho más profundo. El sector privado y las cúpulas empresariales pueden impulsar este cambio desde sus asociaciones gremiales. Se ha venido tolerando por demasiado tiempo malas prácticas privadas y abusos a los consumidores con la esperanza de arreglarlas entre cuatro paredes. Es hora de levantar todos los velos, buscar todos los cadáveres y exponer todas las faltas éticas que muchas veces se esconden bajo la alfombra. Como contrapartida, podemos pedirle al Estado que exija a sus funcionarios los estándares de servicio público que el país se merece, donde a las huelgas ilegales les caiga el rigor de la ley, incluidos por cierto el despido, y donde la extorsión de los ciudadanos no sea jamás un arma de negociación.






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