Desde el financiamiento irregular al soborno y cohecho


(Columna de opinión La Tercera, 19 de marzo de 2016)

Por: Patricio Arrau P.
Ph. D. Economía, U. de Pennsylvania



Nos costó pero llegamos al tema de fondo. Finalmente podemos separar la paja del trigo. Siempre me pareció un poco de cinismo y mucho de cobardía todo este debate acerca del financiamiento irregular de la política. Siendo inexistente el financiamiento regular de la política en general, y muy loable el esfuerzo que se hizo en el gobierno del presidente Lagos para financiar sobre la mesa el periodo de campañas, es evidente que no se resolvió el problema.

En primer lugar todo esto partió porque los chilenos somos muy institucionales. Cuando un político golpeaba la puerta de un empresario, éste en general pedía una boleta a cambio del aporte o pagaba a una empresa proveedora de servicios o de pantalla para financiar la política. Por cada 100 de aporte el empresario en realidad ponía 80 de su patrimonio y de pasada el fisco perdía 20 por el gasto rechazado que no se declaraba. Una primera conclusión, el empresario sí ponía 80 de su patrimonio. En realidad el fisco pierde el neto entre la tasa de primera categoría y la cadena de impuestos personales de los sueldos y salarios que finalmente se contratan en las empresas proveedores de servicios a la política o de las personas que entregaban boletas. Pero no nos quedemos en este punto. Supongamos que todas esas personas tienen tasa personal de cero y la pérdida neta del fisco es 20.

Antes de pasar dejar la paja, una pregunta. ¿Por qué los empresarios no declaraban el gasto rechazado o aportaban a la política los 100 en forma personal?. Muy sencillo, porque aportar 100 para la política significaba poner 135 de su patrimonio (si se declaraba gasto rechazado) o 140 si se retiraba y aportaba como persona. Los empresarios debían decidir si ponían 80 y de pasaba afectaban al Fisco en 20, o ponían 140, donde la política se llevaba 100 y el Fisco recibía 40 extras por la tasa marginal de los empresarios de altos ingresos. Culpas compartidas, pues algo está mal en esta dicotomía anterior. O hacemos las cosas oscuras e implícitamente el Fisco ponía 20 por cada 100 de financiamiento a la política, o se financiaba la política arriba de la mesa y el Fisco recibía un impuesto extra de 40% por el financiamiento de la política. Resolvimos el tema mal. Financiamiento público, solo de personas e insuficiente. Pronostico que el financiamiento irregular continuará pero ahora sin boletas.

Es decir, se financió la política con una relación 80-20 entre el privado y el estado. Parece una alianza pública-privada para financiar un bien público, la política. Era tácitamente así, con el inconveniente que no se declaraba así, que era oscuro y no se reconocía así. Esta descripción no tiene nada de diferente de cuando financiábamos los sueldos de los ministros y subsecretarios con un sobrecito en efectivo puesto que la clase política no se atrevía en los noventa a reconocer el verdadero sueldo de los ministros y subsecretarios. Cuando se descubrió el asunto se resolvió: se subió el sueldo a los ministros y subsecretarios y se declaró que ese ingreso no era tributable. Más allá de lo peculiar de esta última decisión, lo importante es que el tema se transparentó. Así mejoran las instituciones, a crisis y tumbos.

Ahora el trigo. Llevamos mucho tiempo rasgando vestiduras como si el financiamiento irregular fuera comparable a los verdaderos delitos detrás de esta cuestión: el soborno y el cohecho. El soborno es el chantaje que un servidor público, un funcionario público o un legislador exige a un individuo o empresa para favorecerlo o no perjudicarlo en su rol público. El cohecho es el pago que realiza un individuo o empresa privada a un servidor público, funcionario público o legislador a cambio de sus favores públicos en su función pública. Estamos hablando de contraprestaciones a cambio de servicios y favores públicos. Ahí sí que hay delito. Hora de sincerar la discusión y abandonar la paja. Identificar el pago con la contraprestación pues allí sí que hay delito.


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