Tribunal Constitucional y las presiones indebidas


(Columna de opinión La Tercera, 16 de abril de 2016)

Por: Patricio Arrau P.
Ph. D. Economía, U. de Pennsylvania



El año 1932, Franklin Délano Roosevelt fue elegido presidente de los EE.UU. en medio de la Gran Depresión con un enorme mandato para reactivar la economía. Tenía ambiciosos planes de reactivación. Cuando asumió en 1933 existía un 25% de desempleo en los EE.UU. y el propuso el Nuevo Acuerdo ("New Deal"). Había ganado con un 57% de popularidad y su partido, el Partido Demócrata, tenía el control de las Cámaras de Diputados y del Senado. Es decir tenía el poder legislativo para aprobar su ambicioso plan. Sin embargo, un aspecto de su plan era controversial y generaba dudas constitucionales. El nuevo presidente deseaba restringir la competencia entre ciertas industrias y entregar derechos adicionales a los sindicatos de trabajadores para apurar la recuperación de la economía. El presidente firmó su controversial ley y la Corte Suprema la declaró inconstitucional. Otros aspectos de su plan solo fueron aprobados 5 contra 4 en la Corte Suprema. Posteriormente, el presidente Roosevelt fue reelegido en 1936 con el 61% de los votos. Precisamente, un controversial nuevo proyecto de ley estaba en discusión para la campaña para fortalecer el derecho de los sindicatos y su poder de negociación. En esta ocasión no estaba dispuesto a dejar que la Corte Suprema aguara sus intenciones. En un destacado discurso en 1937 vapuleó severamente a los 4 miembros de la Corte Suprema que en su anterior gobierno habían estado en contra de su plan, que eran también los de mayor edad. Denunció que la Corte Suprema "había estado actuando no como un cuerpo judicial sino que como un cuerpo político". El alegaba que tenía un mandato electoral para cambiar la situación y propuso una legislación para retiro obligatorio de los jueces por edad, lo que coincidía con el retiro de los 4 jueces que había vapuleado, antes que su nuevo proyecto sindical fuera aprobado. La presión no surtió efecto y la Cámara de Diputados rehusó aprobar su propuesta de retiro. Se trataba de una presión indebida para controlar también la Corte Suprema. La historia se registra en el reciente libro de Daron Acemoglu y James Robinson "¿Por qué fallan las naciones?" y precisamente compara este ejemplo con los casos de Argentina o Venezuela donde los gobiernos cambian los jueces a su gusto. Los autores mencionan esta limitación del poder ejecutivo precisamente como parte del círculo virtuoso de desarrollo de los EE.UU. en comparación con los casos mencionados. Limitar el poder excesivo del gobierno ha sido una función esencial de los tribunales de justicia y de la Corte Suprema en su función de Tribunal Constitucional.

En Chile, a propósito del requerimiento al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional 4 puntos de la reforma laboral, ha habido presión indebida. Importantes autoridades e influyentes políticos han señalado: "Tratar de ganar por secretaría no habla bien de quienes sostienen ser demócratas", como el Tribunal Constitucional pudiera ser una secretaría. "El Tribunal constitucional debe dar garantías y sería lamentable que ello no fuera así". A propósito de la glosa educacional en diciembre pasado, "la derecha ha sido irresponsable y el Tribunal Constitucional miserable".

El Tribunal Constitucional y la Constitución que merece respecto es la Constitución vigente y no la que vendrá después. El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de los senadores. Mi opinión y oposición a la reforma laboral ha sido expresada en otras ocasiones. Ciertamente no deseo ganar por secretaría. Pero es inquietante las presiones indebidas que hemos observado. Merecemos vivir en un país donde la Constitución y las leyes sean ejercidas por los tribunales y las instituciones sin presiones indebidas. Eso hace la diferencia entre un país que progresa y otro entra en decadencia.



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