TDLC/FNE versus Ministerio Público


(Columna de opinión La Tercera, 18 de junio de 2016)

Por: Patricio Arrau P.
Ph. D. Economía, U. de Pennsylvania



Se ha desatado una controversia o debate acerca de las competencias entre la institucionalidad de la libre competencia y el Ministerio Público que es de la máxima relevancia para la institucionalidad económica. La controversia surge a raíz de la reposición de los delitos penales en el caso de colusión, donde el proyecto de ley entrega a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la iniciativa exclusiva para querellarse por el delito de colusión, la que debe contar con el visto bueno del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) y solo ahí puede el Ministerio Público investigar y perseguir el delito. De hecho la Cámara de Diputados rechazó este requerimiento para que exista querella y la discusión pasó a una comisión mixta del Senado y la Cámara para procesar esta diferencia. El Senado está en lo correcto y la Cámara se equivoca en esta ocasión. El mismo caso ocurre con la controversia de similar tenor entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII). La ley entrega al SII la iniciativa exclusiva de la querella para que el Ministerio Público pueda perseguir el delito. En ambos casos la explicación es la misma. Tanto el FNE/TDLC como el SII son las “fiscalías” y tribunales especializados en los temas relacionados a las infracciones a la libre competencia y a las infracciones a las obligaciones de los contribuyentes. Es de la mayor importancia que sean las fiscalías y tribunales especializados quienes tengan esta iniciativa de querella para iniciar la investigación del delito.

El tema del SII y su especificidad puede ser materia de otra columna. Aquí se elabora las razones para el caso de colusión. Como hemos sido testigos, en nuestra historia económica hasta la década pasada los casos de colusión son casi inexistentes. La razón es muy simple, para investigar la colusión y poder reunir las pruebas suficientes es indispensable contar con el sistema de delación compensada. Es muy importante que se contemple la posibilidad de que quienes participan en estos esquemas tengan incentivos para delatarse y entregar la evidencia que prueba los actos que infringen la ley. La delación compensada permite rebajar penas a cambio de la confesión. En el caso de la colusión, en la actual ley no existe el delito penal y se está reponiendo en el proyecto de ley. Por ello es de la máxima relevancia que se unifiquen los criterios para efectos de la delación compensada y las consecuencias que ella tiene para la justicia civil (multas) y la justicia penal o delito que puede implicar cárcel. Además, esta unificación será un desincentivo muy poderoso para que exista el acurdo colusorio en primer lugar. Ello porque para un acuerdo de colusión se requiere dos partes y existe el riego de que una de las partes se delate y entregue las pruebas, afectando muy severamente a la otra, incluso con la cárcel. La probabilidad de que el “socio” en la colusión se delate incrementa la probabilidad de encontrarse en la parte que no se delata lo que incrementa fuertemente que se pueda probar el delito. En caso de separar totalmente la justicia civil de la penal, se estaría dejando el sistema de delación compensada en letra muerta. El incentivo a delatarse para rebajar multas en justicia civil desaparece pues las mismas pruebas pueden terminar afectando el juicio penal. Ese es el problema de la posición de la Cámara de Diputados. Muere la delación compensada porque nadie se delatará para librarse de una multa y terminar en la cárcel.

Es altamente conveniente que el Ministerio Público se desista y abandone la pretensión de tener la iniciativa en delitos económicos de alta complejidad, como los de colusión o tributarios. Para eso están los fiscales y los respectivos tribunales especializados. Muy distinto en el caso de delitos de cohecho, soborno o delincuencia común, donde el Ministerio Público debe poner todo su esfuerzo, recursos y capacidad.



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