Conclusión evidente para una mala idea


(Columna de opinión Pulso, 7 de julio de 2016)

Por: Patricio Arrau P.
Ph. D. Economía, U. de Pennsylvania



Al descender del avión en marzo del año 2013 para aceptar la candidatura presidencial de la Nueva Mayoría, la entonces candidata Michelle Bachelet respondió espontáneamente ante la pregunta de qué pensaba respecto a la gratuidad universal: "creo que a mí me corresponde pagar la educación superior de mi hija". En ese momento la actual presidenta estaba en lo correcto. Cambió de opinión. La campaña presidencial incluyó en su programa la gratuidad universal acuñada por el movimiento estudiantil del año 2011 y que hoy defienden a rajatabla la bancada estudiantil en el Congreso. Cuesta encontrar buenas razones para una idea tan peregrina, que además de mala es injusta. Es una mala idea porque justamente la educación superior se trata de formar a los jóvenes profesionales y técnicos que luego de estudiar en la institución superior incrementan significativamente sus ingresos futuros, y por ende, la buena idea en esta materia consiste precisamente en encontrar mecanismos justos y equilibrados para que los mismos profesionales y técnicos paguen con sus propios ingresos futuros el costo de la educación que les permite alcanzar dichos mayores ingresos. En una idea injusta, porque a diferencia de los ocurre en la educación superior, otros gastos sociales, como la salud por ejemplo, no tiene ese atributo de incrementar los ingresos futuros. El exceso de ingresos fiscales que se dedicará a la educación tiene un uso alternativo, y por ende, la insensata política pública de la gratuidad universal en la educación superior es injusta para los enfermos que tendrán que esperar, para los bebes que no dispondrán más salas cunas y para los niños de educación básica que verán pospuesta una mejor calidad para sus escuelas.

El lunes pasado el gobierno ingresó al Congreso Nacional la propuesta de educación superior, la última viga de la obra gruesa del actual gobierno, que en su parte financiamiento nos entrega una realidad contundente: no hay recursos para la gratuidad universal por todo un horizonte de tiempo previsible, que involucra a varios gobiernos hacia adelante. Pero no se dice. Al contrario, se persiste en amarrar en el tiempo por ley esta porfiada política pública, dilapidando recursos que hacen mucha falta en otros usos. Se estima en US$ 3.500 los recursos adicionales que son necesarios para que la actual cobertura de gratuidad de los primeros 5 deciles más vulnerables de la población pueda incrementarse hasta incorporar la totalidad de la población. Ello se gatilla cuando los ingresos fiscales estructurales alcancen un 29,5% del PIB, esto es 8 puntos porcentuales superior a los actuales 21,5% del PIB. Es decir, cuando los ingresos estructurales se incrementen en el equivalente a casi 3 reformas tributarias equivalentes a la realizada el año 2014. ¿Cómo afectará esta propuesta la convivencia democrática de los próximos años en Chile?. ¿Acaso no es esta regla de inclusión de gratuidad un incentivo las movilizaciones estudiantiles para hacer nuevamente 3 reformas tributarias de la magnitud de la realizada el año 2014?. Los mismos arquitectos y constructores de la obra gruesa, otra viga muy defectuosa. En esta ocasión los diseñadores proponen comprometer recursos públicos de al menos 3 o 4 gobiernos futuros. Definitivamente improcedente, inaceptable. Es el resultado de anteponer ideologías vetustas ante los intereses comunes del país.

El país se merece otra discusión. A horas de darse a conocer esta propuesta se dio a conocer una encuesta que muestra que el rechazo a las reformas educacionales del gobierno se incrementó a un 71% y la aprobación se redujo a un 21%. Quizá una virtud del sistema de gatillos de cobertura creciente propuesta por el gobierno, originada seguramente en el Ministerio de Hacienda, es que deja patente la dificultad de la gratuidad universal desde el punto de vista del financiamiento. Ello sin considerar que además ella lleva directamente a la fijación de 14.000 aranceles de educación superior, algo impracticable y fuente de innumerables problemas adicionales, que van desde la arbitrariedad que enfrentan distintos organismos de educación superior, hasta una severa limitación de la autonomía universitaria, sin la cual no existe universidad.

Ante la porfía del Ejecutivo solo cabe apelar al poder legislativo. Pongan un alto, señores legisladores, sinceren de una vez que la gratuidad universal no es posible y tampoco es deseable. Se debe reasignar esos recursos a otros usos sociales mucho más urgentes. Al menos se debe suspender el amarre legal que se pretende para futuros ingresos fiscales. Deberá ser el próximo periodo de campaña presidencial, de cara a la ciudadanía, en el más franco ejercicio democrático deliberativo el que deberá resolver el entuerto. Qué duda cabe, junto a todos los otros aspectos defectuosos de la obra gruesa, este será un tema preponderante de campaña y competirá con el enorme atraso y carencias en salud.



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