Por un balance fiscal estructural


(Columna diario la Tercera, 01/04/05)

Por: Patricio Arrau P.



En la campaña presidencial de 1999, ambas candidaturas terminaron alineando extraordinariamente su programa económico. No era fácil identificar las diferencias. La campaña se jugaba en un espacio distinto de la visión económica del Chile futuro que tenía cada candidato. Las imágenes del cambio de Joaquín Lavín marcaban las estrategias y descolocaban fuertemente la campaña de Ricardo Lagos en la que infructuosamente intentaba poner los contenidos. En los aspectos económicos generales, ambas candidaturas veían al país creciendo al 7% anual y proponían un superávit fiscal de 1% anual.

Una vez asumido el gobierno del Presidente Lagos, el equipo económico propuso calcular el superávit fiscal de un modo distinto. Nacieron así las cuentas fiscales estructurales y la regla del superávit estructural de 1% anual. La regla en un principio generó mucho escepticismo. Más parecía una trampa para justificar el déficit fiscal en momentos de recesión y precio deprimido del cobre que una propuesta razonable de mirar las cuentas fiscales. El tiempo dio la razón a Eyzaguirre y Marcel y hoy la famosa regla tiene al Ministro y a su Director de Presupuestos en la cúspide de credibilidad en materia fiscal. Tanto es así que Mario Marcel se perfila como el principal candidato a suceder al Ministro Eyzaguirre en un gobierno de Michelle Bachelet.

En marzo de 2002, en una columna en este mismo medio, propuse modificar la regla fiscal desde un superávit de 1% a un balance fiscal estructural, es decir, un superávit fiscal estructural de 0%. Me equivoqué en la oportunidad en que realice esa propuesta. Esa propuesta se enredó y confundió con la demanda que hacían al mismo tiempo los sectores más estatistas de la Concertación para incrementar el gasto público y estimular así la demanda interna. Hubiese sido un desastre si esas presiones surten efecto y la dupla económica cede y cambia la regla en ese preciso momento. No debían ceder en ese momento de presión por mayor gasto público en condiciones de gran estrechez, así como tampoco deben ceder hoy ante las presiones de mayor holgura e importantes excedentes. Agradezco que no me hicieran caso.

Sin embargo, los argumentos técnicos de entonces, que eran de tipo estructural y no coyuntural, sí son válidos hoy cuando nos encontramos nuevamente en campaña y el próximo gobierno debe decidir qué tipo de política fiscal desea. A diferencia de la campaña de 1999, se requiere un fuerte énfasis en los contenidos económicos puesto que los motores estructurales del crecimiento están muy fríos. Decía entonces que la “actual política fiscal no resuelve adecuadamente la tensión entre su rol como condición necesaria (equilibrio macro) y las restricciones que impone para crecer con integración social: empuja a diseños ineficientes de recaudación de impuestos que afectan el crecimiento de largo plazo, restringe la inversión pública en infraestructura que complementa la inversión privada y no aporta suficientes recursos y buenos diseños para las políticas sociales que permiten integración social.” El énfasis meramente macroeconómico sin ponerlo en el contexto de las reformas microeconómicas que el país necesita no permite recuperar las tasas de crecimiento potencial o estructural de 7% anual. Podremos exhibir el riesgo país en el cuadro de honor internacional, pero no podremos resolver adecuadamente la tensión entre crecimiento y políticas de integración social. Puesto que desaprovechamos la posibilidad de financiar el gasto público con un nivel y monto moderado de deuda pública, terminamos presionando demasiado al contribuyente, lo que afecta al crecimiento, y terminamos afectando más de la cuenta a las actuales generaciones beneficiarias del gasto público en desmedro de las futuras generaciones que serán necesariamente más ricas que las generaciones presentes. Escribimos en marzo del 2002, que “la actual regla fiscal no es ley natural. Un balance estructural (superávit cero), en lugar de un superávit de 1%, también garantiza los equilibrios macroeconómicos, pues la deuda pública se reduce en el tiempo como porcentaje del PIB, y liberaría US$ 700 millones al año. Ello permite realizar la necesaria reforma de la salud y evita expropiar tres séptimos de las cotizaciones a las ISAPRES. Permite invertir en infraestructura sin subir las contribuciones. Permite bajar las altísimas tasas de impuestos a las personas y desgravar las utilidades retenidas en las empresas de menor tamaño. Permite prestar dinero a los jóvenes universitarios a cambio de que acepten formas eficientes de recaudación a través del Servicio de Impuestos Internos. La lista es más larga que lo que es posible abordar en lo inmediato.”

Seguimos pensando lo mismo y hoy es oportuno proponerlo nuevamente. Las campañas de Soledad Alvear y Michelle Bachellet están considerando este importante cambio. Bienvenido sea, pero el cambio debe venir acompañado de una repartición balanceada de los mayores recursos entre un mayor gasto que genere integración social y menores impuestos distorsionadores del crecimiento. No puede tratarse sólo de mayor gasto. Esperamos ansiosos que la campaña presidencial deje atrás las discusiones de mecanismos y se concentre en los contenidos del futuro.




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