Comisión Marcel y Clase Política


(Columna diario la Tercera, 25/06/06)

Por: Patricio Arrau P.



No es sorpresa para nadie que la constitución de una comisión de expertos para recomendar cambios al sistema provisional no le gustó a la clase política chilena. Sintieron que la Presidenta de la República estaba eludiendo una discusión política que debía realizarse en el Congreso, “de cara al país” como dicen. El barullo desatado al conocerse que la propuesta incluiría incrementar la edad mínima de jubilación de las mujeres es el reflejo de ese disgusto. Apresuradamente, sin conocer aún los detalles ni las propuestas concretas, dirigentes políticos han anunciado que no apoyarían dicha recomendación en el Congreso.

Lo anterior no hace más que confirmar la visión que tuvo la Presidenta al conformar la comisión de 15 expertos para que realizara recomendaciones. Las discusiones de materias muy complejas desde el punto de vista técnico, cuando se llevan al Congreso sin un marco claro y acotado, se convierten en un festín de propuestas y contrapropuestas, negociaciones bilaterales y compensaciones políticas, que terminan convirtiendo los proyectos técnicos en “camellos deformes”, que además se cocinan por años en los pasillos del Poder Legislativo. Ello no es responsabilidad de los técnicos sino de la clase política que hace un tiempo que no está a la altura de su mandato legislativo. Debido a esta falencia legislativa, un análisis técnico previo, al nivel de una Comisión Presidencial de amplia convocatoria, es la manera correcta de aproximar estas materias. Ahora viene la discusión política en el Ejecutivo y luego la discusión política en el Congreso. El primer paso ha sido concluido con pleno éxito, gracias al liderazgo de Mario Marcel y a la dedicación, entrega y responsabilidad de los 15 consejeros.

La promesa de campaña de reformar el sistema provisional generó mucha ansiedad en los actores del sistema y en todos aquellos que vemos al sistema de capitalización individual para la vejez como un gran avance. Hoy no cabe duda que en Chile se ha creado el sistema que sustituye a nivel global el anterior sistema de reparto, que colapsó por su incapacidad de asociar directamente los beneficios y las contribuciones. El sistema de reparto era un caldo de cultivo para los políticos irresponsables que promovían beneficios sin responsabilizarse por las fuentes de financiamiento. El mundo está adoptando el sistema chileno en forma masiva y aún no podemos sentirnos orgullosos de aquello porque nuestra clase política sigue siendo miope.

La Comisión Marcel ha logado importantes acuerdos de consenso pare reformar el sistema provisional chileno. Por ser pionero en el mundo, los ojos del globo están puestos sobre nosotros. El tema que ha causado el alboroto de la clase política es demasiado obvio. El sistema provisional se basa en una premisa que está ampliamente respaldada en la evidencia. Los trabajadores en su edad activa, no ahorran lo suficiente para prever su condición en la edad de retiro y cuando se dan cuenta de aquello es demasiada tarde. El sistema provisional chileno, como todos los sistemas del mundo, obliga a ahorrar recursos para la vejez. La edad de retiro de 65 años de los hombres es adecuada para Chile, no así la edad de retiro para la mujer. A los 60 años, la mujer trabajadora chilena no ha conseguido acumular suficientes fondos para garantizar su bienestar en la tercera edad. Por una parte, la mujer tiene una mayor expectativa de vida y los avances en la salud aseguran que con el tiempo esa expectativa de vida seguirá incrementándose. Ese es el único y suficiente argumento para incrementar la edad mínima de retiro. Por otra parte, la mujer tiene más lagunas provisionales y menos años de permanencia en la fuerza laboral debido principalmente a su ausencia del trabajo activo por el cuidado de los hijos. Esta segunda causa no justifica incrementar la edad de retiro y debe aproximarse con nuevas políticas públicas. Se requiere una red de protección adicional, con recursos frescos, para abordar este tema. Las propuestas de la Comisión Presidencial para la Infancia traerán en parte un mayor alivio a esta problemática

El sistema de comisiones presidenciales ha partido con el pie derecho. La Comisión Marcel ha concluido su propuesta alcanzando niveles de consenso que pocos esperaban. Ahora corresponde que el Ejecutivo endose y apoye esta nueva institucionalidad y envíe un proyecto de ley al Congreso que refleje el amplio consenso allí alcanzado. El éxito de esta primera experiencia es un buen aliciente para futuras reformas que el país necesita. Lo que ocurra en el Congreso dependerá de los legisladores, pero no perdemos la esperanza de que esta nueva forma de procesar y debatir temas técnicos complejos también encuentre aprobación en el Poder Legislativo.



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